Hablemos de corrupción… [sonido de terror] Ese gran monstruo de la política colombiana que a muchos les hace pensar que las buenas ideas o algunos buenos políticos no sirven de nada si, desde los mismos huesos, la cosa ya está podrida. Y tienen razón. La buena noticia es que si entendemos cuál es el origen de la corrupción vamos a ver que no todo está perdido. 

Empecemos definiendo el problema. Se supone que el Estado existe para que las personas puedan vivir en un territorio, organizadas de la mejor manera posible. Se les encarga a unos pocos la misión de poner reglas, administrar la plata y castigar a los que se desvían, pero aparece la corrupción en escena. Y es que algunos de esos encargados del bien común aprovechan su posición para beneficio propio. La pregunta importante es “¿por qué ocurre esto?”.

Muchos se apresuran a señalar la moral del pueblo: “es que los colombianos somos unos corruptos”, dicen. El problema de esta respuesta es que, por ser apresurada, no se detiene en los detalles. Pero si miramos una radiografía del país (justamente eso fue lo que hizo Fedesarrollo, un centro independiente de investigación económica), veremos que la corrupción funciona como un sistema con múltiples actores que se alimenta de sí mismo.

Pensemos, por ejemplo, cómo llega la gente al poder. El caso más visible es el de los votos. Y ya sabemos que para ser elegidos, primero hay que ser conocidos. Lo cual cuesta un jurgo de plata; una campaña al Congreso puede costar varios miles de millones de pesos. Y eso supone conseguir quién la financie. Ahí viene uno de los hallazgos de Fedesarrollo: los candidatos dependen mucho de los privados para financiar sus campañas, esto es, empresarios o aportantes muy billetudos que creen en sus propuestas. ¿Por amor a la patria? Puede que sí, puede que no, pero eso no es lo relevante. Obviamente nadie va a poner tanta plata en un programa político si no cree que va a salir beneficiado. El problema es cuando esos beneficios se dirigen directamente a personas particulares: contratos para obras públicas, empleos en las organizaciones del Estado o normas amañadas.

En Colombia, esto se facilita porque no hay mecanismos suficientes para controlar la plata de las campañas: no se da la información completa, se violan los topes, compran líderes políticos locales, usan efectivo… En fin, está la posibilidad de hacer cosas bajo cuerda para alcanzar a más votantes y esto termina en enormes deudas de favores. 

Frente a esto, se supone que el Consejo Nacional Electoral investiga y controla que los candidatos, las campañas y las elecciones sean transparentes, pero ¿quién propone y elige a los magistrados del Consejo? Personas nominadas por los partidos políticos. De manera que no hay autonomía política suficiente para investigar y, además, el Consejo tampoco tiene la capacidad administrativa, ni de personal, ni de presupuesto.

Algo semejante ocurre con los organismos de justicia, control y con la Fiscalía: no son suficientemente autónomos e independientes frente a los avatares políticos y económicos del país, por lo que las investigaciones no es que ofrezcan muchas garantías. La justicia se queda mirando caso por caso, sin investigar la red de corrupción completa; como que nada pasa y no logramos saber bien por qué, sin tener información clara ni mecanismos de rendición de cuentas para la misma justicia. Y cuando se imponen sanciones, tampoco hay suficientes garantías para su cumplimiento.

Ahora, estos problemas aumentan por la forma como llegan las personas a trabajar en el Estado. Los miles de contratos de prestación de servicios y cargos provisionales terminan siendo otra herramienta política para secuestrar las entidades públicas. Y en ese contexto, se logra abusar de regímenes especiales de contratación pública, hacer licitaciones sin mucha competencia o adiciones y modificaciones a los contratos otorgados sin mayor control. Además, los sistemas de información para la contratación, que no están suficientemente integrados, tampoco tienen ni el talento humano ni la plata para investigar y definir condiciones óptimas para los contratos.

Ni hablar de lo que esto significa frente a la amenaza de las economías ilegales y su poder violento para callar las voces de denuncia y forzar las decisiones públicas.

¿Qué nos deja todo esto? Nos deja con un Estado débil, susceptible de ser secuestrado por intereses privados. 

¿Somos corruptos los colombianos? Pues no necesariamente, lo que tenemos es un sistema de organizaciones y normas que le dejan la puerta abierta a la corrupción. Y los países que funcionan bien, más que depender de los valores de su gente, lo que hacen es asegurarse de tener instituciones que funcionen y que cierren esa puerta. Justamente en eso se enfocan las propuestas de Fedesarrollo.

Empecemos por la autonomía y la independencia de quienes se encargan de la transparencia en las elecciones. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral no los deben proponer políticos, sino comités de académicos expertos, exmagistrados y organizaciones de la sociedad pertinentes. Se deberían hacer concursos de méritos y reemplazos escalonados por experiencia y se debería investigar de manera coordinada con otras instituciones que garanticen que el proceso no esté amarrado.

Asimismo, las campañas electorales deberían operar con más plata pública que privada para no quedar con deudas de favores. Y por supuesto, todo bajo un estricto sistema de información pública muy transparente, que esté asociado a la información sobre lavado de activos y declaración de impuestos.

Garantizar la independencia de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría también es una urgencia. Así que los candidatos deben pasar por una convocatoria pública sin participación del congreso en la elección de la lista, presentar declaración de bienes, patrimonio y hasta declarar qué familiares tienen en cargos públicos o relaciones que supongan un conflicto de interés. No podrían aspirar a cargos de elección popular, para que no usen su puesto como un trampolín. Tampoco deberían tener períodos que coincidan con los del Congreso y del presidente.

¿Y la contratación pública? Por supuesto que tiene su parte: los procesos deben reformarse para ser competitivos y con pocas modificaciones. Además, el Estado debe pasar de la prestación de servicios a los contratos de planta, aunque sea gradualmente. Y, entre otras cosas, los ciudadanos deberían poder acceder a una herramienta digital para hacerle seguimiento al proceso de las leyes en el Congreso.

En fin, las propuestas son muchas y están detalladas en la web del proyecto. Lo importante es entender que cada propuesta de Fedesarrollo se pensó para diseñar un sistema que garantice la independencia de los poderes, que no sean fácilmente comprados por intereses privados, manipulados por grupos políticos, ni forzados por el crimen organizado. Y todo esto soportado en sistemas de información públicos y transparentes que faciliten tanto las investigaciones de los entes de control como el seguimiento que pueden hacer los mismos ciudadanos. En últimas, la idea es diseñar un Estado colombiano que elimine los incentivos para la corrupción, para que no dependa solo de las buenas o las malas intenciones de su gente.